Reforma Judicial Incluye «Jueces sin Rostro» para Casos de Delincuencia Organizada

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó incluir en la reforma judicial la figura de los “jueces sin rostro”, como lo sugirió recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta figura se encargará de resolver casos relacionados con delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. La diputada Lidia García Anaya (Morena) propuso esta modificación al artículo 20 de la Constitución, argumentando que la medida busca salvaguardar la identidad de los jueces y sus familias.

Lidia García Anaya, de Morena, propuso la figura de «jueces sin rostro» para casos de delincuencia organizada.

Paridad de Género en el Poder Judicial

La reforma también garantiza la paridad de género en diversos cargos judiciales. Se estableció que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se podrán elegir hasta cinco mujeres y cuatro hombres. Esta misma proporción se aplicará en otros órganos judiciales, como el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para asegurar una mayor representación femenina.

Debate sobre la Implementación de «Jueces sin Rostro»

La propuesta de «jueces sin rostro» ha generado polémica. Los diputados opositores, como Héctor Saúl Téllez (PAN) y Mario Rodríguez (MC), argumentaron que esta figura podría ser incompatible con la elección por voto popular, ya que el anonimato de los jueces quedaría comprometido si participan en comicios. Téllez sugirió que, en lugar de someter a estos jueces a elecciones, sean designados por un comité previo de selección para mantener su identidad en secreto.

Contexto Internacional y Aplicación en Otros Países

García Anaya señaló que esta figura ya se ha implementado con éxito en países como Italia, Colombia, Brasil y Perú, donde se ha utilizado para proteger a los jueces en casos de gran relevancia, principalmente vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. La medida busca replicar esa experiencia en México, adaptándola a la realidad del país y a la creciente preocupación por la seguridad de los jueces.

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